Mucho nos tememos que la noticia con la que arrancamos hoy no es buena. Ni para el propio afectado ni para el sector. Más o menos todo el mundo está al tanto de diversas acusaciones que se han lanzado contra Riot Games y contra su política de trato hacia los empleados, que ya le ha causado más que un disgusto a la desarrolladora. Pues bien, más allá de quejas y de la repercusión que esto podría tener a nivel de imagen en el sector, parece que la cosa ahora va más en serio y llegará a los tribunales y no precisamente contra los empleados…

 

Y es que según se pudo saber ayer, Riot se enfrenta a una demanda por la que está siendo investigada y que tendría como origen la negación a proporcionar registros de pagos de sus empleados. 

 

El Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California (DFEH) presentó la demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles este 12 de junio, declarando lo siguiente: “Riot Games, Inc. se ha negado a proporcionar al Departamento información adecuada para que DFEH analice si a las mujeres se les paga menos que a los hombres en la empresa. DFEH busca la información como parte de una investigación sobre el supuesto salario desigual, el acoso sexual, la agresión sexual, las represalias y la discriminación de género en la selección y promoción«.

 

Por su parte, en declaraciones a Kotaku, Riot Games negó cualquier falta de cooperación aduciendo que ha cooperado «de buena fe» desde el inicio de la investigación. Riot afirma estar «francamente decepcionada» con la demanda, alegando que las solicitudes de información que ellos también han realizado a DFEH no han recibido respuesta.

 

La historia se remonta a octubre de 2018, cuando DFEH inició una investigación formal cuando cinco empleados de Riot presentaron demandas contra la compañía por discriminación. Las acusaciones incluyeron, pero no se limitaron, a la violación de la Ley de Igualdad Salarial de California. Mucho se ha escrito sobre este asunto e incluso anteriormente, en agosto de 2018, Kotatu publicó «Inside the Culture of Sexual Harassment at Riot Games» mostrando la desesperación de los empleados.

 

Las políticas actuales de Riot requieren que cualquier persona que presente denuncias por acoso sexual o discriminación resuelva el asunto bajo arbitraje en lugar de ir a juicio. Dicha política ha generado preocupación por el hecho de que Riot contrata a los árbitros, lo que pone en tela de juicio la imparcialidad. En abril, Riot presentó una moción para evitar que dos de los casos por discriminación vayan a juicio, citando las reglas de arbitraje de la compañía. A esto, cientos de empleados respondieron organizando un paro el 7 de mayo.

 

Veremos en qué queda todo este asunto pero no parece que pueda ser de esos casos en los que podamos esperar un final feliz.