Recientemente saltaba la noticia: Vodafone Giants había sancionado a Ricardo «FOX» Pacheco, jugador de CS:GO, por unas declaraciones en las que afirmaba que “pegaría a su novia si ella gritase desde el público”, en alusión al comportamiento que tuvo la mujer de un ex-compañero durante un torneo.

La consecuencia de esa sanción fue la suspensión de empleo y sueldo del jugador por periodo de 1 mes, tal y como rápidamente hizo público el club en su perfil de Twitter.

Esta noticia llamó la atención tanto por su trasfondo de declaraciones machistas, como por la dureza de la sanción, y sobre todo por no ser habitual que salgan a la luz las actuaciones del día a día de un club, que seguramente hizo pública la medida como consecuencia de la repercusión mediática que tuvo el comportamiento del jugador.

Sin embargo, es muy habitual que los clubes, de todos los tamaños y relevancia, nos pregunten cómo se puede sancionar a un jugador. Y la respuesta, no es tan fácil como parece.

En primer lugar, y en lo que se refiere especialmente al mundo semi-profesional, para poder sancionar es imprescindible que haya un contrato de trabajo. Los equipos que están arrancando y que se quieren profesionalizar, no siempre tienen un contrato de trabajo firmado, bien porque se contrata -erróneamente- a los jugadores como freelance (autónomos), o bien porque ni tan siquiera hay una relación formal.

Una vez que existe un contrato, la verdad es que el régimen disciplinario del sector de los esports es complicado, pues aún no existe un convenio colectivo específico, que es la norma que siempre regula el régimen disciplinario de cualquier profesión. Esto puede ser un problema, pues el Estatuto de los Trabajadores señala que las sanciones se podrán imponer conforme a la ley o al convenio colectivo. Y si no hay un convenio que aplicar, habrá que acudir a la ley, pero la ley, sin embargo, solo reconoce y regula las conductas muy graves que pueden ser objeto de despido.

Recientemente, un tribunal ha reconocido que las conductas muy graves previstas en el Estatuto de los Trabajadores pueden tener una sanción que no sea exclusivamente el despido, pero además de ser una única sentencia, eso no da una solución para conductas menos relevantes, que también pueden ser objeto de sanción, por lo que tampoco se adapta a las necesidades reales del día a día de los clubes. Hay que tener en cuenta que los jueces aplican el «principio de tipicidad», lo que significa que las conductas que se van a sancionar deben estar claramente definidas previamente.

Mientras tanto, los clubes suelen optar por crear una normativa disciplinaria interna. La legalidad de su aplicación unilateral es más que dudosa, pues a esta fórmula no se refiere el Estatuto de los Trabajadores, y a diferencia de los convenios, no se aprueba de común acuerdo entre trabajadores y empresarios. Una solución intermedia, aunque no exenta de problemática, sería la inclusión de esta normativa en el clausulado del contrato de trabajo.

Por último, es importante recordar que hoy en día los esports no son considerados legalmente como deporte, y el régimen disciplinario que se utiliza en este sector no es de aplicación. Esto quiere decir que las sanciones nunca podrán consistir en quitarle dinero al jugador, como ocurre con los deportistas profesionales, pues eso está prohibido por ley. Además, esto acaba suponiendo también un problema para los clubes, que reconocen que la suspensión de empleo y sueldo les ocasiona problemas, al impedir que los jugadores participen en las competiciones.

La conclusión es que resulta imprescindible que, o bien se cree un convenio colectivo de aplicación general para el sector de los esports, o que cada club elabore uno propio para poder fijar un régimen disciplinario y sancionador efectivo, y no encontrarse inseguro ante situaciones de esta naturaleza.

Vodafone Giants ha dado un paso al frente muy significativo, lo que evidencia un claro síntoma de profesionalización del sector, donde se conjugan el negocio y el trabajo, y donde cada vez más los clubes y los jugadores van a necesitar actuar bien asesorados para hacer valer sus derechos laborales.